El Gobierno vasco pagó más de 1,2 millones en indemnizaciones a víctimas de abusos policiales

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A finales de junio la Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos anunció el reconocimiento de 46 casos más como víctimas de violencia policial, al amparo de la ley que había aprobado el Parlamento vasco en el año 2016. Aunque el informe describía con detalle cada uno de los casos, no se recogía el nombre de ninguna de las víctimas. Tampoco se detallaban las indemnizaciones que se habían concedido en cada uno de los casos, lo que provocó una sonora queja de algunos grupos de la oposición. Dos meses después, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ha reconocido que estos casos le han costado al Gobierno vasco 1.254.691 euros en indemnizaciones.

La cifra se ha hecho pública después de que el portavoz del grupo PP+Cs, Carmelo Barrio, preguntara por escrito en el Parlamento Vasco a la consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales por el montante de estas compensaciones económicas. En ella se explica que de los 46 expedientes resueltos «con un reconocimiento hacia la víctima», 27 han percibido una compensación económica.

En total se han realizado seis pagos por valor de 135.000 euros. Estos se corresponderían con las seis muertes por violencia policial que recoge el informe presentado por la comisión de valoración en el Parlamento vasco. Una de ellas es la de Mikel Zabalza, la única víctima que aparece identificada con nombre y apellidos. La Guardia Civil le detuvo por su presunta relación con ETA en 1985 y le llevó al cuartel de Intxaurrondo; días después, apareció muerto en el río Bidasoa. Según el informe, «la instrucción practicada» llegó a la conclusión de que la muerte «es compatible con la sumersión en un medio líquido distinto a las aguas del río Bidasoa, o un método de asfixia violenta».

Hace pocos días se hacía público que el Gobierno vasco también había reconocido como víctimas a José Benito Mujica, ‘Xenki’ y a Miguel Martínez de Murgia, ‘Murgi’, dos miembros de ETA que fallecieron en un tiroteo de la Guardia Civil. El informe explica que sus muertes son «compatibles con una ejecución arbitraria o ejecución extrajudicial». Sus familias también habrían recibido, siguiendo esta lógica, dos de las máximas indemnizaciones.

También se incluye el caso de un hombre que en 1982 conducía por la N-1 y paró su coche a la altura de Lasarte por una avería, y falleció por los disparos que efectuó un agente del GAR; o el de un hostelero que murió asesinado por un Policía Nacional ebrio, que le disparó porque le había echado de su local tras protagonizar una discusión. La lista la completan la mujer de un etarra, asesinada por un atentado reivindicado por el grupo parapolicial Triple A, y un joven de 16 años al que simpatizantes de Fuerza Nueva tirotearon desde un vehículo.

54 beneficiarios

En total son 54 las personas que se han beneficiado de los 27 expedientes a los que se les ha reconocido el pago de una compensación. Según detalla el Gobierno vasco, el número de perceptores es más elevado que el número de expedientes porque en algunos casos ha habido más de un beneficiario: «Ha podido ser el cónyuge y los hijos e hijas conjuntamente, o barios hermanos y hermanas de forma conjunta».

Además de los seis pagos máximos, también destacan otras tres indemnizaciones por valor de 95.000 euros, 61.750 euros y 22.749 euros. Los importes mínimos que se han acordado son de 1.172 euros y de 882 euros.

Resulta complicado saber con qué casos se corresponde cada una de estas indemnizaciones menores, ya que no se explica en la respuesta publicada en el Parlamento. La ley de abusos policiales vasca reconoce también indemnizaciones para los casos de lesiones graves. Podrían corresponderse con los heridos por impacto de bala o por pelotas de goma durante las manifestaciones más violentas de la década de los ochenta. En total el citado informe reconoce cinco impactos de bala, dos agresiones y 28 casos de maltrato grave.

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